Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

Por Eduardo Gómez.

El Programa de Derecho, denominado inicialmente de Jurisprudencia, nació de manera simultánea con la Universidad del Cauca en 1827, por iniciativa de los Libertadores. Su creación hizo parte de los denodados esfuerzos de Francisco de Paula Santander por la fundación de establecimientos educativos de nivel superior en las provincias de la patria recién liberada, con el fin de formar a quienes habrían de contribuir a la construcción del Estado y de la Nación independiente en todos los órdenes. La historia del Programa es parte inescindible de la historia de la Universidad, la que a su vez encuentra sus raíces en un establecimiento educativo de primer orden en los tiempos coloniales: el Real Colegio Seminario de Popayán. En éste tuvieron amplio impacto las ideas más novedosas del pensamiento filosófico, científico y político del mundo en tiempos de la Ilustración. Allí precisamente se formó, en Jurisprudencia y Humanidades, la generación que habría de ser protagonista del inicio de la construcción de la nueva República: Caldas, Torres, Zea, entre muchos otros (y los primeros habrían de convertirse en mártires en 1816, en el marco de la sangrienta Reconquista española; la definitiva separación política de España sólo ocurriría, por la vía militar, tres años después).

A lo largo del siglo XIX, la Universidad acogió en su Facultad de Derecho a cientos de jóvenes provenientes de todas las regiones del país en un número aproximado de 50 promociones; no pudieron ser más por la inestabilidad y las guerras intestinas que acompañaron el proceso de conformación de la República, usualmente referidas a disputas entre centralismo y federalismo, proteccionismo y librecambismo, o laicismo y confesionalismo religioso. Frecuentemente, las mencionadas disputas consistían en que caudillos regionales –algunos provenientes de esta zona del país, que ostentaban la jefatura militar y civil del para entonces existente Estado soberano del Cauca- se oponían y “pronunciaban” mediante alzamientos, contra los poderes centrales de turno.

Una quincena de egresados del Programa de Jurisprudencia de la Universidad del Cauca ocupó, en el transcurso de ese siglo, la jefatura nacional del Estado. Cuatro de ellos lo hicieron por más de dos años (y uno más, por tiempo similar, ya en el siglo XX). Se los cita en el orden en que fueron valorados en una encuesta con especialistas nacionales y extranjeros, publicación de la Fundación “Liderazgo y democracia”, de noviembre de 2010 (entre los ítems tomados en cuenta están: prestancia moral, liderazgo, persuasión pública, respeto por el Estado de Derecho, relaciones con el Congreso, capacidades administrativas, relaciones internacionales, visión, búsqueda del bienestar y la equidad, desempeño en el contexto y manejo de la economía): José Hilario López, Manuel María Mallarino, Tomás Cipriano de Mosquera y Julián Trujillo. Guillermo León Valencia fue el único egresado de la Universidad del Cauca y de su Facultad de Derecho que desempeñó la Presidencia de la República en el siglo XX, entre 1962 y 1966, en el marco del Frente Nacional.

José Hilario López, a quien se atribuye el mérito de “Libertador de los esclavos”, como constituyente de 1863 hizo parte del grupo que expidió una Carta política federal, laica y esperanzada en la educación. Todo un anticipo de lo que sería el constitucionalismo garantista del siglo XX. Mallarino, por su parte, fue el primer doctor en Jurisprudencia de la que se habría de llamar Universidad del Cauca: recibió de la Universidad del Tercer distrito, el grado en 1831. Su jefatura nacional de Estado (de La Nueva Granada) sería a partir de 1855.

Por su parte, Tomás Cipriano de Mosquera -quien en su juventud fuera edecán del Libertador y más adelante su biógrafo- fue miembro de una prominente e influyente familia de Popayán cuyo poder traspasó desde la Colonia hasta la República: de ese núcleo también salieron, hacia la Jefatura del Estado, Joaquín, hermano de Tomás Cipriano, y su sobrino Julio Arboleda. El de Mosquera es el más significativo caso de los caudillos que coparon en buena medida la escena política nacional desde inicios del siglo XIX hasta bien entrada su segunda mitad: entre 1845 y 49 fue presidente de La Nueva Granada así como los sería de los Estados Unidos de La Nueva Granada en 1861 y 63; y en el carácter de primer designado, que le confirió el Congreso reglado y derivado de la Convención de Rionegro, habría de ocupar la Presidencia en 1864 y entre 1866 y 68. Tomás Cipriano, aficionado a las disciplinas geográficas, fue quien contrató al ingeniero militar italiano Agustín Codazzi para la Comisión Corográfica; en esos trabajos se basa la geografía y la cartografía modernas y oficiales de Colombia (el instituto geográfico estatal lleva el nombre de Codazzi), así como la primera y más completa etnografía.

Los presidentes que no fueron militares en el siglo XIX, fueron juristas, y algunos de ellos egresaron de la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca; la investigadora Katherine Castañeda (Revista de la Facultad, Vol. 7, Nro. 10, 2007) ha propuesto que una fecha de inicio del Estado nacional real sería hacia 1830, con la generalización del uso de la traducción que Andrés Bello hizo del Código napoleónico. En efecto, los mencionados dirigentes, si bien se hacían la guerra en función de distintas y contradictorias concepciones que tenían de lo que habría de ser el Derecho público y el diseño del Estado, coincidían en cuanto a normas sustantivas y procesales del Derecho civil: si era del caso desempeñaban la partes antagónicas en las causas y acataban de buen grado los fallos de los jueces.

Precisamente cuando se alude a la década del 20 del siglo XIX y al Derecho público, conviene recordar que las diferencias ideológicas de los Libertadores se pusieron de presente en la disputa que hubo a la hora de discutir los planes de estudio de Jurisprudencia y otras disciplinas humanísticas, en torno de la filosofía del inglés Bentham: mientras Santander la promovía, el Libertador presidente en 1828 la mandó prohibir acusándola de inspirar la subversión en los jóvenes universitarios (se la asoció con la intentona asesina que en septiembre de ese año se perpetró contra Bolívar). Muerto el Libertador, en 1830, y con el regreso del santanderismo al poder, las ideas utilitarias regresaron a las aulas de clase; el componente que tenían que se podía calificar de “subversivo”, consiste en que se trata de una doctrina liberal, laica, y en Colombia, para entonces como ahora, tiene mucho peso lo dogmático clerical católico.

En la primera mitad del siglo XX, destacados académicos lideraron procesos de modernización de la Universidad y en particular de su Programa de Derecho. En la segunda mitad, la Universidad del Cauca no fue ajena a los debates filosóficos, políticos y académicos de las universidades públicas colombianas, se institucionalizó el profesorado de tiempo completo, se estimuló el estudio del Derecho comparado y se dio inicio a una reforma curricular para revisar el uso exclusivo de la exégesis como método de interpretación e incorporar nuevas áreas en el proceso de formación, tales como el Derecho de Familia.

En los años cuarenta, la Universidad y su Facultad de Derecho fueron pioneras en la incorporación de la mujer a los estudios superiores; pronto las egresadas propenderían, en los campos constituyente, legislativo y jurisdiccional, por la ampliación de los derechos de la mujer, comenzando por su derecho al voto (1957). Finalizando la década de los 60, dos Universidades públicas, la del Cauca y la de Antioquia, y tres Universidades privadas: Externado de Colombia, Del Rosario y De Los Andes, se asociaron en el proyecto ARED (Asociación para la Reforma de la Enseñanza del Derecho), financiado por becas de la Fundación norteamericana Ford y por presupuestos propios.

Nota: El número total de promociones de egresados es de aproximadamente 160, sumadas las de los siglos XIX y XX y lo que va corrido del XXI.